De un error administrativo del pasado a una irregularidad que se ha prolongado hasta el presente.
Raúl Gutiérrez Lombardo
Secretario Académico
Cuando la Secretaría de Educación Pública recibió la biblioteca particular que Vicente Lombardo Toledano donó a la Nación, el Gobierno de la República consideró conveniente establecer un organismo que administrara ese valioso acervo bibliohemerográfico, y que a la vez de enriquecerlo, auspiciara el estudio y la investigación de las humanidades, en particular de la Filosofía.
En esta época de profundas transformaciones —se dijo en la argumentación del Decreto— se abren nuevos horizontes a la humanidad que demandan conocimiento, por lo que “el bien donado será de invaluable utilidad… pues a través del estudio del pensamiento humano, se logrará su constante renovación y una mejor comprensión del mundo contemporáneo”.
El 19 de agosto de 1972, el Presidente de la República expidió el Decreto que creó el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de fomentar el estudio, la investigación, el intercambio y la difusión de las humanidades, en particular de la Filosofía.
En el Decreto se precisan tanto la sede del Centro (su domicilio hasta la fecha) como su patrimonio: la Biblioteca, el subsidio anual que por conducto de la Secretaría de Educación Pública le conceda el Gobierno Federal, las aportaciones de organismos públicos, privados y personas físicas, y los bienes destinados a su funcionamiento.
La gestión del Centro, originalmente encomendada a un Patronato y a un Consejo Directivo, por las dimensiones y condiciones operativas de la institución se compactó en un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Confederación de Trabajadores de México, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, presidido por el Secretario de Educación Pública.
El Órgano de Gobierno ha cumplido puntualmente todas las funciones colegiadas académicas y administrativas asignadas al Patronato y al Consejo Directivo, lo que ha permitido que el Centro cumpla sin falta alguna sus funciones y compromisos institucionales. Los resultados logrados así lo avalan.
Debe señalarse que hasta el año 2000 el Centro funcionó como una dependencia de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la llegada a la administración federal de funcionarios sin conocimiento y experiencia en el ramo, generó una irregularidad administrativa. Los encargados de la SEP en ese entonces no entendieron la naturaleza institucional del Centro y lo descolocaron de la estructura orgánica de la SEP, relegándolo a una condición externa a la Secretaría.
Y aunque los recursos se asignaron sin contratiempos mayores, se puso al Centro en un programa de apoyo a instituciones que no forman parte orgánica en la Secretaría, anomalía que se ha prolongado hasta el presente. Es de suponer que las administraciones que siguieron al cambio de 2012 han debido afrontar una intensa actividad en favor de la reforma educativa que ha de haber ocupado toda su atención.
Pero la notificación de que la SEP no apoyará de momento al Centro pone en evidencia que al no resolverse, la descolocación administrativa ha dado lugar a una confusión que pone a una dependencia de la Secretaría de Educación Pública al borde de su extinción sin que medie siquiera una explicación y que se anule por una vía a todas luces improcedente un Decreto Presidencial que creó una dependencia del Ejecutivo Federal.
La SEP se ha consagrado en una tarea por hacer de la evaluación un factor decisivo de la vida institucional, criterio que por supuesto, compartimos y asumimos en nuestro trabajo. Pero la decisión en curso no hace referencia alguna a la evaluación del desempeño del Centro y una anomalía originada en una incompetencia administrativa del pasado podría llevar a que la SEP actuara no sólo al margen sino en contra de un criterio de cuya prevalencia depende en buena medida la salud institucional en un momento en que la sociedad reclama la certidumbre que sólo puede dar la congruencia.
